La Asociación de Víctimas del 11 de Abril (Asovic) impugnará las candidaturas de los ex comisarios de la Policía Metropolitana (PM), Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis a la Asamblea Nacional (AN), si éstas llegan a concretarse, pues consideran que lo que se busca es una vía para evadir el proceso penal que se sigue en contra de los ex funcionarios.
Así lo informó el abogado defensor de las víctimas del 11 de abril de 2002, Antonio Molina, este miércoles durante el programa De Frente, transmitido por Venezolana de Televisión, donde explicó que las posibles postulaciones han generado discusiones en Asovic y “ellos han llegado a la conclusión de que si estas personas se postulan, las víctimas van a impugnar esas candidaturas, pues consideran que por esa vía no pueden sustraerse de la persecución penal”.
Asimismo, Molina calificó de hipócrita la conducta asumida por algunos de los candidatos opositores a la AN con respecto al proceso judicial que se sigue contra Vivas, Forero y Simonovis por los delitos de complicidad necesaria en la comisión de homicidio calificado, consumado, frustrado, lesiones graves, gravísimas, menos grave y leves, en los sucesos del 11 de abril de 2002, con motivo del golpe de Estado contra el presidente de la República, Hugo Chávez.
“En ese proceso judicial yo recuerdo que iban muchos encopetados como María Corina Machado, Enrique Mendoza, Herman Escarrá, Carlos Vecchio, quienes estaban presentes en cada una de las audiencias que se realizaron; pero ahora podemos ver cómo, una vez que se abrió la posibilidad de las candidaturas, inmediatamente se acabó la solidaridad, ya que algunos de los mencionados están postulados por los mismos circuitos que los ex comisarios; eso demuestra una enorme hipocresía, pues lo que hicieron fue cabalgar en la desgracia personal de los ex comisarios para obtener beneficios políticos”, dijo el abogado.
Con respecto a las matrices de opinión que se han promovido en torno al traslado de los ex comisarios ordenado por la Corte de Apelaciones del estado Aragua, Molina reiteró: “Lo que se quiere es presentar al Estado venezolano como violador de los derechos humanos”, lo cual han sostenido los abogados defensores de los ex policías desde hace seis años, cuando se produjo su detención y comenzó el juicio oral y público, que dio como resultado una sentencia condenatoria de 30 años de prisión.
“No se trata de ningún traslado forzoso, por cuanto está establecido en los artículos 365 y 456 del Código Orgánico Procesal Penal”, dijo.
Estos artículos consagran que luego de transcurridos 10 días de la fecha de publicación de la sentencia, los imputados deben ser trasladados a la corte para ponerlos en conocimiento de la decisión del tribunal, que en este caso declaró sin lugar el recurso de apelación.
En esa instancia aragüeña, el 26 de marzo de 2010, en ponencia del magistrado Francisco Collola, y de los jueces Fabiola Colmenares y Alejandro Perillo, se declaró sin lugar el recurso de apelación introducido por la defensa de los acusados el 17 de diciembre de 2009.
Los ex comisarios y otros funcionarios de menor jerarquía fueron sentenciados el 3 de abril de 2009, por el Tribunal IV de Juicio del estado Aragua, a 30 años de prisión.
