Presidente Hugo Rafael Chavez Frias
La Habana, (PL) La proyectada reforma de inmigración en Estados Unidos fue colocada al final de la agenda administrativa del presidente Barack Obama, y -desde luego- la comunidad hispana muestra desconcierto.
Para la Casa Blanca una modificación en el sistema de entrada de extranjeros no es materia priorizada en el frontón político nacional, donde los titulares son para un nuevo programa de seguro médico y la recesión económica.
En el ínterin, autoridades federales han desplegado iniciativas pragmáticas a todo lo ancho del país para identificar, y muy posiblemente deportar, emigrantes ilícitos, que ya suman 12 millones escabullidos en la nación.
La réplica comunitaria no aguardó mucho y 500 agrupaciones sociales enviaron este mes una carta a Obama y otros oficiales de su gabinete para que detengan cuanto antes los programas extremistas contra los ciudadanos foráneos.
En la misiva, las organizaciones no gubernamentales alertan al jefe de Estado porque -dicen- las operaciones policiales desplegadas en muchas ciudades norteamericanas acarrean un sesgo racial y frisan en la violación de derechos civiles.
El plan anti-inmigrante, conocido como capítulo 287, fue fustigado también por un foro especializado de abogados, quienes alegan que la policía ha esgrimido estas órdenes de Washington para aplicar sanciones discriminatorias subjetivas.
Objeciones con perfiles raciales y otros abusos contra los derechos civiles fueron enumerados por testigos en un ambiente público que no ayuda mucho a la seguridad interna del país, subraya la declaración dirigida a la Oficina Oval.
La carta fue firmada por el National Immigration Law Center, e incluye las rúbricas de representantes de medio millar de grupos pro-emigrantes, y otras asociaciones cívicas como la Unión Americana de Libertades Civiles (UALC).
Los demandantes amenazaron a la administración Obama con marchas, vigilias, plantones y diversas manifestaciones públicas de protestas en varios estados ante la demora de la reforma y el incremento de la represión.
La reforma de inmigración en Estados Unidos deberá esperar hasta 2010 o 2011, según previsiones de la Casa Blanca citadas recientemente por el diario The Denver Post.
El periódico recuerda que el mandatario demócrata había prometido en 2008 durante su campaña para el puesto ejecutivo que adelantaría la modificación legal como una prioridad política de su administración.
Sin embargo, el gobernante y varios colaboradores afirman ahora que el plan de cambios fue postergado para el próximo año, o tal vez el siguiente debido a las planificadas elecciones parlamentarias de medio término.
Aunque signifique el disgusto de muchos promotores pro-inmigrantes y de la comunidad hispana en este país, a Obama no le preocupa romper una de sus principales promesas, comentó el Denver Post.
En medio de la polémica nacional por la reforma de salud y la crisis financiera, el proyecto sobre migración no atrae la atención del Congreso federal ni del gabinete ejecutivo.
El ex presidente George W. Bush, durante ocho años de mandato, no logró que una reforma sobre este aspecto saliera de los salones del Capitolio, y sólo dictó medidas mayormente encaminadas a reforzar la seguridad en las fronteras.
Grupos de activistas pro-inmigración protestaron a inicios de este mes públicamente en al menos dos ciudades estadounidenses por la demora del gobierno federal para refrendar nuevas regulaciones.
Un año después de apoyar al entonces candidato presidencial Obama durante su campaña hacia la Avenida Pennsylvania, delegados de organizaciones hispanas criticaron al mandatario.
Líderes comunitarios y activistas de derechos civiles manifestaron que la administración nacional traicionó a las minorías extranjeras y sólo siguió pasos establecidos durante el anterior gabinete de W. Bush.
Miembros de agrupaciones de inmigrantes salieron a calles de Los Angeles y Nueva York para exigir a la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, suspender las redadas contra extranjeros indocumentados.
Los activistas enviaron un mensaje a Obama: él contó con el apoyo de las comunidades foráneas en su camino hacia la Casa Blanca, pero podría perder ese respaldo social en el futuro cercano.
Autoridades estadounidenses de inmigración implementaron el mes pasado una auditoria nacional a 652 empresas para identificar a empleados extranjeros indocumentados. La administración federal quiere señalar a compañías que contraten a trabajadores ilegales como prefacio político de la reforma migratoria prevista para un porvenir no precisado aún, comentaron voceros empresariales.
Sin embargo, aún no está claro que tipo de penalidades serán aplicadas a empleadores descubiertos por pagar obreros ilícitos en franca violación de leyes nacionales.
El anuncio de la auditoria sale a la luz en momentos cuando Washington intenta consolidar el apoyo nacional para activar nuevas políticas relacionadas con los millones de inmigrantes sin papeles asentados en este país.
Recientes muertes de inmigrantes arrestados por autoridades estadounidenses subrayan la necesidad de una reforma administrativa en los centros de detención, advirtió por su lado el The Christian Science Monitor.
El influyente diario de la comunidad religiosa recalca que fallos en la atención médica es el principal problema que emerge cuando se analizan los fallecimientos de un centenar de extranjeros.
Agencias federales y el Presidente han prometido un cambio en el sistema nacional de inmigración, pero la velocidad de validación de éste no contenta a los abogados de los indocumentados.
El Buró de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos reconoció que desde 2003 un total de 104 inmigrantes han muerto en centros de detención de este país, la mayoría por falta de socorro sanitario.
También la UALC pidió a Obama modernizar las cerca de 350 instalaciones de este tipo diseminadas por toda la nación, pero la Casa Blanca no ha respondido a la queja.
El incremento en las encarcelaciones de extranjeros ha indirectamente inducido al empeoramiento de las condiciones estructurales mostradas por las penitenciarías norteamericanas, apuntan expertos.
No nos quedaremos de brazos cruzados y vamos a emprender una intensa movilización cívica para conseguir que el Presidente cumpla con su promesa, aseguró José Gutiérrez, del Movimiento Latino.
Es la tercera ocasión que Obama empeña su palabra ante los latinos y la comunidad inmigrante, aseguró Gutiérrez. Su credibilidad se está tambaleando y nosotros vamos a inyectar presión, concluyó el activista.
Por Jorge V. Jaime (*)
(*) El autor es periodista de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina.
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